Lucía Pérez, de 16 años, fue violada, empalada y brutalmente asesinada en Argentina. La autopsia fue clara. Sufrió un ataque al corazón por el dolor. Desde que se conoció este caso de violencia de género el pasado 8 de octubre, la indignación y condena social ha ido en aumento. Este y otros sucesos de terrorismo machista han provocado que el 19 de octubre se convocara en diferentes puntos del mundo, especialmente en Latinoamérica, el paro de mujeres y las marchas conocidas como #MiércolesNegro, #NosotrasParamos. Se han retomado también las campañas #VivasNosQueremos, #NiUnaMenos que surgieron en 2015 para luchar contra los feminicidios.
En Argentina se calcula que cada año mueren 200 mujeres. A la manifestación en Mar de Plata acudieron más de 1.000 personas. En México, entre otras concentraciones, se convocó a las 17 horas en el Ángel de la Independencia y en el monumento a la Revolución, donde se reunieron centenares de personas, la mayoría vestidas de negro como símbolo de la protesta. También fue importante la campaña en redes sociales para difundir y twittear con esos mismos lemas o hashtags. El paro de la actividad productiva y reproductiva se secundó en toda Latinoamérica y se organizó para las 13 horas, pero es difícil calcular el seguimiento (estimado en millones de personas) debido a los diferentes husos horarios.
Según CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), nuestra región es una de las que mayor violencia contra las mujeres sufre. En Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. En México, se estima que muere 1 cada 3 horas. Una tercera parte es victimizada en su propia casa. Un 20% ha recibido violencia física y/o sexual por parte su pareja en alguna ocasión. Según OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), en México 7 mujeres son asesinadas al día, la mayoría por su pareja o alguien de su familia. Sólo 17 estados tipifican el feminicidio como delito. Aunque algunos tengan la Alerta de Género, como Morelos o el Estado de México, ni siquiera esto garantiza la protección, pues en este último el 15 de octubre hubo otro feminicidio (el asesinato de madre e hija, en Ecatepec). En Puebla, el pasado martes más de 3.000 personas exigieron la declaración de la Alerta de Género por el aumento de feminicidios.
En América Latina, 20 países cuentan con leyes de violencia de género, pero sólo 8 tienen recursos específicos en su presupuesto. 14 países han tipificado el delito de feminicidio y sólo 2 lo han marcado como homicidio agravado por razones de género (el factor de riesgo para el asesinato es ser mujer).
La violencia de género, todo acto de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, incluye también la violencia sexual. En México, cada año 14.000 mujeres se atreven a denunciar una violación sexual. Se estima que son sólo el 20% del número real. En 2014, se registraron más de 625.000 casos de violencia sexual contra jóvenes, la mayoría contra mujeres. Pero sólo se abrieron 32.148 averiguaciones para delitos sexuales. El INEGI calcula que este tipo de delitos supone el 94%. En 2015, la tasa averiguaciones previas de otros delitos sexuales fue de 11,9 por cada 100.000 habitantes y de estupro un 1,5. En total, hubo 16.418 casos de delitos sexuales distintos a la violación. Es decir, 1.655 de estupro y 14.763 de “otros delitos sexuales”.
El colectivo Ni Una Menos en su comunicado también se refiere a los Derechos Sexuales Y Reproductivos:
“Somos (…) las que andan solas o acompañadas, las que decidimos abortar, las que no, las que decidimos sobre cómo y con quien vivir nuestra sexualidad (…) Paramos contra los femicidios, que son el punto más alto de una trama de violencias, que anuda explotación, crueldades y odio a las formas más diversas de autonomía y vitalidad femeninas, que piensa nuestros cuerpos como cosas a usar y descartar, a romper y saquear. La violación y femicidio de Lucía Pérez muestran una línea sostenida contra la autonomía y capacidad de decisión, acción y elección y deseo de las mujeres (…) ¿Cómo creamos otro mundo posible si las medidas tendientes a esa transformación como el Programa de Educación Sexual Integral son desmanteladas de a poco, o directamente no se aplican? (…) ¿Cómo quieren que esperemos cuando nos morimos por abortos mal hechos y nos encarcelan si vamos al hospital con un aborto espontáneo?”.