En Enero de 2017, nada más llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden para restablecer la México City Policy (Política de Ciudad de México) denominada así porque fue en la Ciudad de México donde se anunció por primera vez hace 30 años.
Esta política establece como requisito, que cualquier organización no gubernamental que acepte financiamiento del gobierno federal de los Estados Unidos, debe comprometerse a no realizar ni tampoco promover de ninguna forma el aborto como método de planificación familiar. Esto incluye no facilitar información sobre aborto ni defender legislaciones menos restrictivas al respecto, aún cuando lo hagan con fondos propios y la financiación estadounidense se utilice para otros fines.
Desde que esta norma entrará en vigor por primera vez en la década de 1980, ha sido rescindida por todos los presidentes demócratas cuándo llegaron a la Casa Blanca y vuelta a imponer por todos los presidentes republicanos.
Las consecuencias de esta política restrictiva y dañina para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es la censura de información esencial para la vida y la salud de mujeres de todo el mundo. Esta ley significa que cualquier mujer que busque atención médica en un centro financiado de alguna forma por EEUU, tenga prohibido incluso ofrecer información y orientación sobre opciones que podrían salvarle la vida. También significa que defensoras de los derechos humanos, ante el peligro de los abortos clandestinos que ponen en peligro la vida y salud de las mujeres, no puedan levantar la voz exigiendo legislaciones menos restrictivas.
Son muchas organizaciones las que se verían perjudicadas en su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Entidades que promueven también el acceso a métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual o campañas de prevención frente al embarazo no deseado. Las consecuencias de la Ley Mordaza reducirá los fondos que reciben estas ONG para anticoncepción, contracepción de emergencia, planificación familiar, prevención y tratamiento del VIH-SIDA, etc. Sobre todo aquellas que trabajan en África o en América Latina.
Muchas organizaciones internacionales , como Human Rights Watch , viene documentando desde hace tiempo que cuando el aborto es restringido y las proveedoras de salud no pueden ofrecer atención médica adecuada, las consecuencias son muy bien conocidas: tasas elevadas de mortalidad y morbilidad materna a causa de abortos inseguros, incremento de embarazos adolescente, etc., que afectan sobre todo, a mujeres y niñas que viven en la pobreza.
La criminalización y persecución del derecho al aborto que provoca la aplicación de esta “Global Gag” tiene un impacto directo no sólo en México sino también en otros países de América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayores niveles de abortos inseguros, donde existen legislaciones muy restrictivas que imponen penas de cárcel a mujeres acusadas de haber abortado.
Derechos como el acceso a la anticoncepción y a la autonomía reproductiva de las mujeres, son una base fundamental para el desarrollo de los derechos humanos. Sin embargo, la norma impuesta por Donal Trump atenta directamente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas quien pagarán las consecuencias de esta Ley, que lejos de reducir la práctica del aborto provocará el efecto contrario, su incremento en condiciones de inseguridad e ilegalidad que pondrá en peligro la vida y la salud de millones de mujeres y niñas en el mundo.