Según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2017, en México se abrió expediente de investigación por delito de aborto a 479 mujeres. El aborto se ha incorporado recientemente a los datos sobre delitos que publica mes a mes el SESNSP, basándose en información recogida por las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas. De esta forma el aborto ya sea voluntario o por complicación obstétrica, aparece asimilado a otros delitos contra la libertad y/o integridad física o sexual de la mujer, como puedan ser los feminicidios, la violencia de género o la trata de personas.
Según datos obtenidos en 2017, Ciudad de México fue la entidad donde se abrieron un mayor número de investigaciones por delito de aborto , en total 74 mujeres fueron acusadas de tener o practicar la interrupción del embarazo. En segundo lugar le seguiría Baja California, donde se han contabilizado 72 casos en total un 15 por ciento de las investigaciones iniciadas contra mujeres que interrumpieron un embarazo. El estado de México con 38 mujeres criminalizadas por practicar un aborto, estaría en tercer lugar, seguida de Tamaulipas con 30 investigación, Nuevo León con 29, Guanajuato y Jalisco con 27 respectivamente y Veracruz con 20.
Desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos se asegura que cada vez es más común, que los fiscales de las zonas más conservadoras de México, se criminalice a las mujeres que han sufrido un aborto o han tenido complicaciones en el parto. Se las persigue y encarcela acusarlas de abortos intencionados, algo que sigue siendo ilegal en la mayor parte del país.
En México el aborto es legal en todo el país, solo en caso de violación . Después cada entidad federativa establece su propia ley con aquellas circunstancias en las que se considera legal el aborto. Supuestos que son muy restrictivos y de difícil acceso para las mujeres.
Cabe destacar el caso de Ciudad de México, única entidad donde la mujer se puede interrumpir un embarazo de forma legal, sin tener que alegar causa, hasta la 12 semanas de gestación. Tras este periodo, el aborto sí es considerado delito cuyas penas oscilan entre los tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el artículo 145 del Código Penal.
Esta persecución a las mujeres que abortan comenzó después de que Ciudad de México despenalizara el aborto hace una década. La respuesta de los demás estados fue introducir medidas más restrictivas en sus legislaciones para controlar los derechos reproductivos de las mujeres. La mayoría de mujeres que son condenadas por estos delitos son en su mayoría pobres y no pueden costearse un abogado competente para sus defensas.
Ya en 2012, la CEDAW, Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recomendó al México armonizar las leyes estatales relativas al aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo.