Teodora Vásquez siempre justificó su interrupción del embarazo diciendo que ella un día trabajando como limpiadora en un colegio se empezó a sentir mal y llamó a una ambulancia para que la asistieran, no llegó a a tiempo, comenzó a sentirse mal y se fue al baño, ella en ese momento sintió que algo se desprendía de ella y se desmayó.
Cuando despertó, estaba en el hospital rodeada de policía que la acusaban de haber cometido un aborto inducido, la insultaban llamándola perra o mala madre.
En el año 2008 Teodora fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su hija.
Gracias a la ONU y a activistas de todo el mundo, El Salvador conmutó su pena en febrero de este año.
La conmutación de la pena de Teodora no quiere decir que sea inocente, su liberación nada tiene que ver con eso, sólo está libre porque la Corte Suprema le ha conmutado la pena. Seguirán luchando mediante acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito, quieren su reinserción total en la sociedad.
Se hace un llamamiento al Congreso para que despenalice el aborto en caso de que la madre corra peligro si sigue con su embarazo, que la vida del bebé no sea viable tras su nacimiento o por embarazo como consecuencia de una violación a niñas.
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas que existen en el mundo, ya que mantienen una prohibición absoluta del aborto, no se puede interrumpir el embarazo bajo ningún concepto.
A día de hoy todavía hay unas 27 mujeres privadas de libertad en Salvador con penas de entre 6 y 35 años por interrumpir su embarazo.
En el año 2016 el presidentes Salvador Sánchez impulsó una reforma de la ley para poder permitir abortar en casos en los que la madre corre peligro o el embarazo sea consecuencia de una violación, esta reforma no prosperó en el Congreso.
Pero la ley antiaborto no es sólo restrictiva con quien interrumpe su embarazo, si no también con quien la asista.