La realidad persiste, aún cuándo el Gobierno de México y la mayoría de las Entidades del país no quieran verlo. La criminalización del aborto no evita su práctica pero aboca a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo a recurrir a prácticas ilegales e inseguras que ponen en peligro su salud y su vida.
Los datos no mienten, según la coordinadora de IPAS (organización internacional defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) durante los últimos 16 años en México se han registrado más de 3 millones 413 mil abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años. Sin embargo, en base a datos del Consejo Nacional de Población, se estiman entre 750 mil y un millón de abortos anuales, lo que se realizan en la clandestinidad en todo el país.
Es decir, los abortos ilegales son más numerosos que los legales. Señalamos algunas de las consecuencias que esta clandestinidad e inseguridad tiene para la vida y salud de las mujeres.
- Según el Instituto Guttmacher, aproximadamente el 36% de mujeres que se han tenido que recurrir a un aborto clandestino tuvieron complicaciones que requirieron asistencia médica. De estas, el 25% o recibieron la atención médica que precisaban y fallecieron, principalmente mujeres de zonas rurales y marginadas del país.
- Datos de la Dirección General de Epidemiología, el año pasado, la tasa de mortalidad materna en México supero las 30 defunciones por cada 100 mil nacimientos, 8,7 por ciento de las cuales fueron a causa de un aborto. Es decir, de las 667 muertes maternas que se produjeron 58 fueron por abortos inseguros.
Solo en Ciudad de México, donde el aborto es libre y legal hasta la semana 12 de gestación, desde el año 2007 la tasa de mortalidad materna por aborto es cero.
- Además, la criminalización del aborto no solo pone en peligro la vida de las mujeres que deciden abortar y se ven abocadas a realizarlo en condiciones ilegales e inseguras. Además, corren el peligro de ser acusadas del delito de aborto y verse en procesos legales que pueden terminar con la privación de libertad.
En este sentido, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de 2015 a 2018, se han abierto 2 mil 135 investigaciones previas contra mujeres acusadas de abortar. Las entidades que mayor número de procesamientos tienen abiertos es Baja California, Ciudad de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León y Morelos.
Actualmente, con la llegada del nuevo Gobierno de López Obrador, existe el compromiso de una amnistía para las mujeres presas por abortar, lo que trae esperanza a casi 200 mujeres que fueron criminalizadas y encarceladas bajo delito de homicidio. Mujeres que sufrieron abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas pero que “bajo al sospecha de aborto” fueron acusadas y condenadas.