En America Latina el 97 por ciento de las mujeres vive en países con leyes muy restrictivas hacia el aborto. Sin embargo el acceso a poder interrumpir un embarazo no planificado, aún en estos países, es muy desigual según tengas o no recursos económicos.
La realidad es que las mujeres con recursos siempre pueden realizarse un aborto, bien a través de un médico privado a un elevadísimo precio, bien viajando a algún lugar donde el acceso al aborto es legal.
Sin embargo, según confirma un estudio de 2018 realizado en EEUU a 813 mujeres durante cinco años, aquellas mujeres a las que se les negó un aborto tenían mayores probabilidades de encontrarse en situación de pobreza que las mujeres que sí pudieron interrumpir su embarazo.
Esta falta de acceso al aborto, tiene importantes implicaciones para el recorrido vital de estas mujeres. Menor acceso a la educación, menores posibilidades laborales o para desarrollar una carrera profesional.
En América Latina existen importantes desigualdades sociales, que hace que sean las mujeres pobres o de minorías las mas invisiblizadas por las políticas públicas. Por ejemplo, las mujeres indígenas presentan mayores tasas de embarazos no deseado y mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo. Esto tiene mucho que ver con la falta de acceso de estas poblaciones a servicios de salud sexual y reproductiva.
Esta situación hace que las leyes restrictivas de aborto afecten en mayor medida a las mujeres pobres, jóvenes y de minorías étnicas. Con los costos sociales, educativos, económicos y laborales que esta situación provoca en su recorrido vital, evocándolas a un círculo de precariedad y pobreza del que es difícil salir.
La evidencia es contundente, las leyes de aborto restrictivas no disminuyen su práctica, pero sí ponen en peligro la vida y salud de las mujeres. Si observamos las tasas de aborto en América latina, el Caribe tiene una tasa de 59 de cada mil mujeres en edad reproductiva, seguida de Sudamérica con una tasa del 48 de cada mil.
Sin embargo países en Europa occidental y septentrional, cuyas leyes son permisivas frente al aborto, tienen las tasas más bajas con un 16 y 18 por mil, respectivamente.