El aborto peligroso o inseguro, según la OMS; se produce cuándo una mujer o niña accede a un aborto realizado por personal carente de capacitación necesaria para interrumpir un embarazo, o se realiza en un entorno que no cumple con las condiciones sanitarias requeridas, o cuándo se producen ambas circunstancias.
Un aborto seguro va a depender de varios factores como es el procedimiento empleado, si es un aborto farmacológico o un aborto quirúrgico, las semanas de gestación en la que se encuentre la mujer, etc. Esta situación va a determinar la capacitación necesaria del personal sanitario y las normas médicas requeridas para que el aborto sea seguro y se realice con todas las garantías sanitarias.
Las causas que llevan a mujeres y niñas, con embarazos no planificados, a recurrir a abortos peligrosos son varias y suelen estar muy relacionadas con diferentes obstáculos que se encuentran para acceder a un aborto legal y seguro:
- Legislaciones restrictivas
- Escasa disponibilidad de servicios de atención a la ILE
- Costos elevados
- Objeción de conciencia del personal sanitario
- Estigmatización y miedo
- Requisitos innecesarios que retrasan e impiden su acceso, como:
- Periodos de espera obligatorios
- Acceso a información engañosa
- Necesidad de autorización de terceros
Las consecuencias de los abortos inseguros o peligrosos impactan directamente en la salud y vida de las mujeres, con complicaciones como:
- Abortos incompletos
- Hemorragias
- Infección
- Perforación uterina y/o daños en el trato genital y órganos internos por la introducción de objetos peligrosos como varillas, agujas, etc.
- Prevención y control
El aborto peligroso se puede prevenir a través de políticas públicas que garanticen:
- Una buena y adecuada educación sexual integral
- La prevención de embarazos no deseados mediante el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, incluidos los anticonceptivos de emergencia
- Leyes que garanticen la prestación de servicios de aborto seguro.
Además, las complicaciones derivadas de abortos peligrosos pueden limitarse a través de tratamientos inmediatos y sin reservas a toda persona que solicite atención médica de emergencia, tal y como recomiendan las normas de derechos humanos de Naciones Unidas.