Una vez más el Congreso de Puebla impide el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las poblanas. Omitiendo su responsabilidad en garantizar su salud.
Puebla es, después del Estado de México, la segunda entidad del país desde la cuál más mujeres se trasladan a Ciudad de México para acceder a una ILE. Una situación a la que se ven abocadas muchas mujeres debido a la criminalización y persecución del aborto, definido en su legislación como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
En puebla, toda mujer que acceda a un aborto voluntarios puede ser castigada con seis meses a un año de prisión. A quién realice el aborto a una mujer bajo su consentimiento puede imponérsele penas de uno a tres años de cárcel. Según el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entre 2009 y 2019, 11 mujeres fueron sentenciadas por el delito de aborto.
La criminalización y persecución del aborto en Puebla hace que toda mujer que sufre una emergencia obstétrica con resultado de aborto, sea voluntario o no, sea sospechosa y acusada de delito de aborto. Según declaraciones de Barbosa Huerta en abril de este año, actualmente había cinco mujeres en prisión por abortar, acusadas de homicidio por razón de parentesco.
Pero la criminalización del aborto no solo afecta a mujeres que abortan fuera de los supuestos legales, también se ensaña con aquellas que pudiendo acceder a una interrupción legal del embarazo bajo el supuesto que establece la ley, se obstaculiza su derecho al aborto de diferentes formas.
Una es obstaculizar el acceso a la NOM-046, una norma que garantiza el acceso al aborto legal en caso de violación. Sin embargo, el sistema de salud de Puebla incumple esta norma exigiendo trámites innecesarios, como una orden judicial, por parte del personal médico que atiende a las mujeres. O acogiéndose a la objeción de conciencia dificultando la atención a la mujer, incluso en el acceso al anticonceptivo de emergencia.
Otro de los problemas que enfrentan las unidades hospitalarias es la falta de personal médico, de trabajadoras sociales, psicólogas que puedan atender a las mujeres que han sido víctimas de violación y poder ser derivadas para su correcta atención.
Desde las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos se denuncia la vulneración sistemática del sistema de salud de atender de forma adecuada a las mujeres, situaciones que ponen en riesgo su vida y su salud.