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El Congreso de Veracruz aprobó una iniciativa para modificar la Constitución política del Estado y criminalizar el derecho de las mujeres a decidir. El gobernador Javier Duarte de Ochoa logró aprobar por 38 votos a favor y 6 en contra su reforma constitucional que añadiría al artículo 4 el párrafo: “El estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor natural que sustenta el ejercicio de los demás derechos”.
El trámite se ejecutó vía “Fast Track” (sin análisis ni debate y dictamen previo en comisiones legislativas, por su supuesto carácter urgente). La urgencia se justificó argumentando que la reforma tenía obvio contenido urgente y “científico”, ya que se protegían los derechos “del hombre” y “pro-persona”. Aunque el pasado 21 de enero se aprobó la primera vuelta, siguen vigentes los actuales causales para el aborto. El proceso para que la modificación sea aprobada sería el siguiente: una segunda votación, prevista para el mes de mayo, y que sea avalada o rechazada por los 212 ayuntamientos de Veracruz en sesión de cabildo. Al ser una reforma constitucional estatal, la iniciativa debe ser aprobada por una mayoría calificada de la Cámara de los Diputados (dos terceras partes).
Dicha reforma ha recibido duras críticas, tanto por el sector de la izquierda (que acusaron a Duarte de haber transgredido los límites de un Estado laico), como por las organizaciones civiles y de mujeres, que han organizado manifestaciones públicas de protesta contra la iniciativa del Congreso Local.
Yadira Hidalgo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, afirmó que buscarán amparo federal contra esta medida. Señaló también que en las otras 16 entidades que modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción” no lograron derogar las causales de aborto legal.
Según declaraciones de Católicas por el Derecho a Decidir: “Los derechos son para las personas ya nacidas”. Diferentes activistas pro-elección coinciden en que, de modificarse definitivamente la constitución, se criminalizaría a las mujeres, equiparándolas a delincuentes, generando un clima de hostigamiento contra las que optan por la interrupción del embarazo. Esto produciría un aumento de los abortos clandestinos e inseguros. Los abortos mal practicados son la tercera causa de muerte en el ámbito nacional, la segunda en Veracruz. Las mujeres indígenas, en condición de pobreza, son especialmente vulnerables a esta situación.
Además la propuesta de Duarte contradice la actual ley del aborto en México, las normativas actuales de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, tanto internacionales como nacionales y locales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 (SCJN Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 146/2007) resolvió que la despenalización del aborto en la Ciudad de México es una medida jurídica idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres. Así, quienes tengan los recursos económicos necesarios se irán a la Ciudad de México o clínicas aborto D.F. en donde será permitido. De aprobarse en segunda vuelta, también contradeciría la Norma Oficial Mexicana de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (la 046), que reconoce el derecho de las víctimas de violación sexual a tomar la píldora del día después (que si bien no es abortiva y sólo evita la fecundación, sí podría ser considerada como tal por quien cree estar protegiendo la vida desde el momento de la concepción).
Por último, destacar que la situación en Veracruz es conocida por su peligrosidad para las mujeres, tanto en lo relativo a salud sexual y reproductiva como a feminicidios y violencia de género. Por lo tanto, esta iniciativa se suma a una serie de políticas desafortunadas para las mujeres. Tomando de partida los objetivos de salud establecidos en el propio Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se observa el incumplimiento de los mismos. El objetivo 1 “Disminuir la mortalidad materna (MM) por debajo de la media nacional”, no se ha cumplido. En 2014 Veracruz ocupó el segundo puesto en muertes maternas de ámbito estatal, gran número de ellas por abortos clandestinos inseguros. Según los últimos datos del Observatorio de Mortalidad Materna en 2013, la media nacional es de 38.2, mientras que en Veracruz es de 46.4. En cuanto infraestructura básica para atención obstétrica y parto, ésta se ha reducido un 35%, la cifra más baja en los últimos 14 años. Las incubadoras para prematuros/as se redujeron de 257 en 2010 a 198. En consecuencia, en lo relativo a indicador de desempeño de letalidad neonatal, Veracruz ocupa el puesto número 28.
También se ha incumplido el Objetivo 4: “Detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama (CaMa) y cervicouterino (CaCu)”. No hay mastógrafos suficientes, lo que implica que no se llega al número de revisiones adecuadas.
Si nos fijamos a los datos sobre violencia contra las mujeres, desde 2011 el número de feminicidios nunca ha sido inferior a 90 asesinatos. Eso sin contar el número de desapariciones, violaciones, persecuciones a periodistas, etc.
