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El 16 de febrero Jordi Vilet promovió una iniciativa ciudadana ante el Congreso de San Luis de Potosí para derogar el artículo del código penal que permite el aborto en el causal de violación. Jordi Vilet dirige la empresa de materiales químicos Natrium.
También propone penalizar a las mujeres y profesionales que practiquen la interrupción del embarazo en los supuestos de inseminación indebida y malformaciones genéticas. La sanción para ellas sería un tratamiento de 6 meses a un año dentro de “una comunidad terapéutica”. Además, quienes realizaran el aborto con el consentimiento de la mujer en estos casos se expondrían a penas de cárcel de entre 1 a 3 años (3 a 8 años si lo practican sin su consentimiento). El empresario, en la exposición de motivos de su iniciativa, afirma que se debe garantizar “el derecho a la vida”.
En la actualidad la ley del aborto de San Luis de Potosí recoge tres supuestos despenalizados: cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada, cuando sea un delito de violación o inseminación indebida o cuando la mujer corra peligro de muerte. Sin embargo, no se han desarrollado los mecanismos para que las instituciones la hagan efectiva.
En septiembre de 2009, se reformó el artículo 16 de la Constitución del Estado para reconocer “la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”. Esta reforma estuvo a punto de ser declarada inconstitucional por la Acción 62/2009, a falta de un voto, por contradecir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que también son vidas y seres humanos.
La propuesta de Vilet se turnó a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos en la sesión del Congreso del Estado de San Luis del 18 de Febrero. Josefina Salazar Báex, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Estado, señaló que en casos de violación se debe castigar al violador y no criminalizar sino proteger a las mujeres, lo que es competencia de la procuración de justicia. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Estado, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira se mostró rotunda: “Es una violación de los derechos humanos, de antemano les aviso que en mi comisión esta iniciativa pasará como improcedente, no podemos ni siquiera detenernos a analizarla”
La sociedad civil también manifestó su disconformidad con la iniciativa, a la que acusaron de tener “tufo confesional”. Así, la colectiva Castilla Combativa, junto con diversas organizaciones no gubernamentales, firmaron un comunicado que señalaba: “la penalización del aborto es una justificación para encarcelar mujeres que toman decisiones cruciales en su vida y lleva a la muerte a muchas otras por marginarlas a la clandestinidad”. En el texto citaban documentos internacionales que recogen el derecho a decidir, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración de Beijing y la Convención Interamericana “De Belem Do Para”.
Por otro lado, la polémica aumentó cuando el vocero del Arzobispado Juan Jesús Priego Rivera declaró que para evitar un embarazo las mujeres violadas en vez de abortar podían realizarse un lavado, “el aborto nunca es un mal menor”.
