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El pasado 19 de mayo, en la clausura de la conferencia de Copenhague Women Deliver, se presentó el Pacto por los Derechos Sexuales y la Salud Reproductiva de las Mujeres latinoamericanas. Durante el congreso, centrado en el eje de igualdad de género de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, un grupo de activistas de la región presentaron dicho pacto. En él, se busca el compromiso de las autoridades internacionales con las políticas públicas de salud sexual y derechos sexuales y/o reproductivos.
La Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, entidad promotora, destacó la urgencia de trabajar contra la violencia de género, en especial el abuso sexual infantil. Estadísticas de Unicef apuntan a que cerca del 80% de las víctimas de violencia sexual son niñas, y en la mitad de los casos los agresores son familiares o convivientes.
Virginia Camacho, asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denunció la dificultad de las mujeres indígenas para acceder a los métodos anticonceptivos y otros servicios sanitarios.
El acuerdo también contempla el tema del aborto. Se estima que el número anual de interrupciones del embarazo en condiciones inseguras para niñas de 15 a 19 años en América Latina y el Caribe es de 670.000. En palabras de Mahmould Fathalla (ex presidente de la FIGO, Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología) : "Las mujeres no están muriendo por causas que no podemos evitar, están muriendo debido a que la sociedad considera que sus vidas no valen el precio de salvarlas".
También se ha referido estos días al aborto Lucía Lagunes Huerta en la columna “Zona de Reflexión” de Cimac Noticias. En su artículo “El derecho al aborto para todas, en todo el país”, recoge las palabras del ejecutivo, quien con motivo del día contra la homofobia, afirmó que: “No puede haber en México quienes, en algunas entidades, tengan ciertos derechos y en otras no”. El mensaje es claro. No es posible que todavía en 2016, después de años de reivindicaciones, la legislación no sea igual para todas las mexicanas, si no que depende del Estado en el que vivan. En su columna, se hace un repaso de cómo antes de 2007 había 7 excepciones despenalizadas para la interrupción legal del embarazo. Desde el 2007, sólo en el DF se puede abortar hasta las 12 semanas sin ningún causal. Pero entre 2007 y 2009 modificaron su código penal para castigar el aborto 16 entidades. Hasta el DF se han trasladado 44 mil 66 mujeres de otros lugares para ejercer su derecho a decidir, porque sus entidades no se lo reconocen. Pero en la nueva redacción del borrador de la Constitución de la Ciudad de México parece que se ve amenazado este derecho. En Veracruz, aunque se retrasó la segunda votación de la modificación del artículo 4 de su constitución (para incluir el famoso párrafo de proteger la vida desde la concepción), parece seguro que saldrá esta reforma cuando se vote en un futuro.
En nuestra región existen casi un 95% de abortos inseguros, pertenecientes a lugares donde la interrupción del embarazo es ilegal. Más de 20 millones de mujeres no ven cubierta su necesidad de anticonceptivos. Y todos estos datos conllevan cifras de morbilidad y mortalidad materna e infantil en los que las políticas públicas juegan un papel fundamental. El Pacto por los derechos sexuales y reproductivos es un pequeño pero importante paso.
