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El domingo 5 de junio se celebrarán los comicios para elegir la Asamblea Constituyente que debatirá, analizará y aprobará la Carta Magna. Dicha asamblea estará compuesta por cien diputaciones, de las cuales sesenta serán elegidas por la ciudadanía y cuarenta serán designadas.
Habrá una comisión redactora previa compuesta por 28 especialistas (13 mujeres y 15 hombres), que propondrá el borrador constitucional.
La sociedad civil, especialmente las organizaciones de defensa de los derechos humanos, está preocupada por la redacción de los artículos referidos al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El asambleísta José Encarnación Alfaro Cázares advirtió de que los derechos alcanzados en el Estatuto de Gobierno, como la interrupción legal del embarazo o el matrimonio igualitario, no tienen garantía de permanencia. El mayor miedo sobre el derecho al aborto es que en la nueva constitución se incluya un artículo sobre “el derecho a la vida desde el momento de la concepción” (tal y como contemplan 18 estados). En este caso, tendría que derogarse lo que actualmente establece el Estatuto de Gobierno, la legislación preconstitucional que hasta ahora ha regido a la Ciudad de México como Distrito Federal.
Durante estos días, se están oyendo diferentes voces que defienden la inclusión de propuestas igualitarias y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ya sea por la vía de los partidos políticos, organizaciones civiles o personas independientes.
Es el caso de Marcela Lagarde y de los Ríos, elegida por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) como candidata externa a la Constituyente por su reconocida experiencia en el ámbito feminista. La antropóloga presentó sus propuestas para el nuevo texto, del que dijo debía ser “un contrato social de género, que redefina normas de convivencia democrática, de desarrollo sustentable y solidario, además de los derechos de las mujeres”. En un reciente acto público reafirmó su compromiso con las capitalinas, para que se recoja la igualdad de género de forma específica y transversal: “Buscamos garantizar derechos y responsabilidades de mujeres y hombres diversos y garantizar la igualdad, libertad y paz”. También recalcó la necesidad de mantener el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Cynthia López Castro, candidata del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a la Asamblea Constituyente, manifestó la necesidad de una alta participación para que la nueva constitución conserve los derechos alcanzados en la Ciudad de México. “Si queremos que verdaderamente esta Constitución sea avanzada, incluyente, que garantice una mejor gobernabilidad en la ciudad y sus libertades, no podemos ir para atrás en derechos ganados, como el del aborto, derecho por el cual el 65% de las mujeres en la capital están a favor”.
Las candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez (titular) y Orfe Castillo Osorio (suplente) basan su campaña en los principios de autonomía económica, reproductiva y política de las mujeres. Dentro de sus propuestas, se halla el derecho a la despenalización total del aborto hasta las 12 semanas. También incluyen el matrimonio entre personas de cualquier sexo. Las candidatas reafirmaron su defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la libre orientación sexual y la necesidad de la corresponsabilidad, para la cual propusieron medidas como escuelas a tiempo completo.
Asimismo, la Campaña Trabajo Digno y la RMS (Red de Mujeres Sindicalistas) han entregado una propuesta sobre derechos laborales con perspectiva de género a la Comisión Redactora. Norma Malagón Serrano, integrante de la RMS, destacó los cuatro ejes fundamentales: derecho al trabajo digno, igualdad sustantiva, no violencia y justicia laboral. Afirmaron que las instancias judiciales competentes en materia laboral debían juzgar todos los casos de acoso sexual, despidos por embarazo o violencia laboral.
