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María Fernanda López Gallegos, representante de la red nacional católica de jóvenes por el derecho a decidir, pidió a las autoridades de Querétaro el cumplimiento de la NOM046. Según la última modificación de la misma, no es necesario presentar denuncia en caso de violación para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y sólo las menores de 12 años necesitan el consentimiento paterno/ materno o de su tutor/a. También contempla el acceso a la pastilla del día siguiente y el tratamiento de profilaxis necesario para evitar infecciones / enfermedades de transmisión sexual.
Pero en Querétaro sólo se contemplan dos causales en los cuales el aborto es legal. Según el artículo 142 del Código Penal del Estado, la interrupción del embarazo está despenalizada cuando éste sea resultado de una violación o por imprudencia de la madre (accidental). El resto de los supuestos conllevan penas de uno a tres años de cárcel. Ni siquiera se contempla en caso de peligro de muerte para la mujer. También existe castigo para las/os profesionales que intervengan, incluyendo la privación de uno a cinco años del ejercicio de la profesión.
Dicho estado se encuentra en la octava posición en cuanto a número de violaciones sexuales (según datos del secretariado ejecutivo de seguridad). Y es el tercero en número de mujeres que acuden a abortar a la ciudad de México, puesto que allí el aborto es legal sin alegar ningún supuesto hasta las 12 semanas.
López Gallegos manifestó su inconformidad con esta situación: “En nuestro estado las causales no son tan amplias, no tenemos la causal salud, es decir que si la vida de una mujer está en riesgo es preferible que la mujer se muera antes de ceder a un aborto”. Recordó que en México se cometen al año 600.000 delitos sexuales. 4 de cada 10 se producen en menores de 15 años y la mitad de ellos dentro del propio hogar. El 60% son realizados por familiares o personas cercanas. Entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se recogieron 21.902 denuncias por este tipo de delitos, pero se calcula que estos abusos en su mayoría no son denunciados. Nuestro país ocupa el primer puesto dentro de los países de la OCDE en lo relativo a índices de abuso sexual contra menores de 14 años. La ENAPEA (Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente) apunta que la mayoría de embarazos en niñas de 10 a 14 años son por violación.
Según datos de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) entre agosto de 2012 a diciembre de 2013 no se reportó ninguna autorización del Ministerio Público de aborto por violación. Se alude a la falta de información o a la objeción de conciencia.
Otra integrante de la Red, Zeltzin Azucena Peña Hernández, exhortó a las autoridades a garantizar el cumplimiento de la NOM-046 para que todas las mujeres víctimas de violación puedan acceder al aborto legal. Se refirió directamente al gobernador Francisco Domínguez Servién, a Alfredo Gobera Farro (secretario de salud) y a Alfredo Botello Montes (secretario de educación).
Sin embargo, los obstáculos para abortar se están presentando en diferentes lugares de México.
En Tabasco, Paola, una niña de 10 años, fue violada por un hombre de 24 años. Cuando acudió al hospital a solicitar la ILE, el ginecólogo se negó a realizarla. Aunque le derivaron a un hospital de la capital, allí al principio también se negaron alegando que se había prolongado demasiado el tiempo de gestación. Finalmente sí accedieron a practicarle el aborto legal, gracias al apoyo de una organización que tramitó el amparo.
Por otro lado, en Guerrero, Karen, una joven de 16 años, sufrió reiteradas violaciones por parte de su tío. Al quedar embarazada, intentó, acompañada de su madre, abortar. Tuvo que presentar denuncia en el ministerio público, pese a que la NOM -046 no lo establece como requisito. Las autoridades no creyeron su palabra y finalmente tuvo que acudir a la ciudad de México donde, repetimos, el aborto es legal hasta las 12 semanas sin alegar ningún causal.
