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La desigualdad de género y la dificultad en el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos provoca un incremento de los embarazos adolescentes que empujan a las mujeres a un circulo vicioso de pobreza y desigualdad del que es muy difícil salir y afectando su salud y sus expectativas de vida.
Según el informe del Fondo de Poblaciones titulado “Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad”. En Latinoamérica el embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública que supone el mayor desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo con los datos reflejados en dicho informe, Latinoamérica reporta una tasa de 6,4 partos por cada 100 mujeres entre los 15 y 19 años, cifra solo superada por África.
En dicho informe se hace un análisis de cómo la desigualdad, concretada en la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, la educación y el empleo, impactan especialmente en las mujeres y en un precario acceso de estas a los derechos sexuales y reproductivos. Como por ejemplo el acceso a la planificación familiar o el aborto legal y seguro, confirmándose así la existencia de una relación directa entre la pobreza y el aumento de las tasas de fecundidad entre las mujeres más jóvenes.
“Al contraer matrimonio, las niñas son forzadas a menudo a abandonar la escuela para hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Esto representa la denegación de su derecho a la educación. Las niñas que abandonan la escuela registran peores resultados en salud y situación económica que las que continúan sus estudios”, resalta el informe.
Según datos del UNFPA, únicamente una quinta parte de los embarazos adolescentes en América Latina son planeados.
La precariedad en el acceso a la planificación familiar se refleja también en una desigualdad en el acceso a anticonceptivos, según se viva en un área urbana o rural. Así mujeres de zonas rurales tienen una tasa de uso de estos métodos del 67% mientras que en zonas urbanas esta cifra sube hasta alcanzar el 73%.
En Julio de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó que el porcentaje de menores embarazadas en la región es más alto en la población afrodescendiente e indígena.
Datos que ratifican que son las mujeres más pobres, en especial las de menor escolaridad y de áreas rurales, las que están más expuestas a los embarazos no deseados, provocando un mayor riesgo de abandono de la escuela, un retraso en su incorporación al mercado laboral, y por tanto, una reducción notable de sus ingresos.
Según el informe de la ONU, garantizar el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, especialmente a las mujeres empobrecidas, es imprescindible para avanzar en la solución de este problema. Pero no es suficiente, ya que es necesario abordar también otras dimensiones de la desigualdad de género.
Desde UNFPA se reclama garantizar el acceso a los anticonceptivos de manera gratuita, también incluye en su informe la necesidad de procurar a las mujeres más pobres servicios de atención de salud materna y prenatal, a programas de planificación e impulsar políticas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional que fomenten servicios de cuidado infantil que permitan a las mujeres permanecer o incorporarse a los estudios y/o al mercado laboral.
