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América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde el embarazo de niñas va en aumento. Son maternidades forzadas que, en la mayoría de los casos, son producto de abuso sexual o coerción.
Según los datos oficiales, cada año se reportan en el continente 185.000 violaciones a mujeres y niñas. Sin embargo se sabe que esta es la punta del iceberg y que la cifra real es muy superior. En México, por ejemplo, se denuncian más de 1.600 casos de violencia sexual al día, constituyendo el 10% de los delitos que ocurren. De cada 10 violaciones denunciadas en México, 6 son a menores. En Guatemala, el 95% de los casos de menores de 14 años abusadas sexualmente quedan impunes. En Perú, 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes.
En el Caribe la situación también es grave, las Bahamas, San Vicente y las Granadinas y Jamaica, forman parte de los 10 países del mundo con las tasas de violencia sexual más altas.
Situación que se agrava, más aún , por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En la región, más de la mitad de los embarazos son no deseados v, el acceso a información veraz y completa sobre salud sexual y reproductiva es escasa, la disponibilidad de anticonceptivos es limitada, la anticoncepción de emergencia es casi inexistente y el acceso al aborto legal esta sumamente restringido. Incluso en países donde el aborto por violación es legal, como México, mujeres y niñas suelen encontrar obstáculos para el acceso
Ante esta situación ,que va en aumento, más de 150 organizaciones civiles han exigido a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos asuma la responsabilidad de guiar y recomendar que los estados se comprometan a dar una respuesta adecuada e integral orientada a prevenir este tipo de violencias y a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas, así como su derecho a la educación y la salud.
Las organizaciones firmantes de la Declaración hacen un llamado unido a la CIDH para que asuma un mayor protagonismo en el abordaje de la problematiza de la violencia sexual contra las niñas en al región.
• Prestándole atención especial en su monitoreo, informes temáticos y pronunciamientos públicos.
• Priorizando la realización de un informe regional sobre la temática, con recomendaciones claras para los Estados.
• Recomendando a los Estados que garanticen el acceso de la niñas embarazadas a la interrupción legal de su embarazo, reconociendo los riesgos inminentes que un embarazo a tan temprana edad puede tener en la vida y la salud de las niñas; eliminen las barreras legales y los desafíos prácticos para que las niñas víctimas de violencia sexual tengan garantizados su derecho a la salud y el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva (información, educación sexual, anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo); garanticen el acceso de las niñas víctimas de violación a la educación, a la justicia y a la reparación digna y transformadora; y que adopten medidas adecuadas de prevención de la violencia sexual en niñas y adolescentes.
Para las organizaciones firmantes es necesario garantizar que las niñas puedan gozar de su derecho humano fundamental a una vida libre de violencia y sin ningún tipo de discriminación, haciendo valer su interés superior a una niñez plena.
