55 5564 2290 800 849 5214
Finalmente el Congreso de Coahuila decidió no reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y seguir criminalizando la interrupción voluntaria de embarazo, poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres, sobre todo para aquellas con escasos recursos.
El nuevo Código Penal de Coahuila aprobado en el Congreso local no solo ratificó continuar penalizando la interrupción voluntaria de embarazo, además se añadió un nuevo obstáculo para los casos de violación. A partir de ahora los profesionales de salud deberán notificar el procedimiento al Ministerio Público para que este abra una investigación y decida si da su aval o no al aborto por violación, supuesto que ya estaba permitido.
Según asociaciones feministas de La Laguna la decisión adoptada supone un retroceso para la entidad. El aborto es una cuestión de derechos humanos, salud pública, justicia social y autodeterminación de las mujeres sobre su derecho a decidir. Sin embargo los legisladores han decidido vulnerar estos derechos y seguir apegados a prejuicios morales que ponen en riesgo la vida y salud de las mujeres.
Pero además, incluir obstáculos en el acceso al aborto por violación supone revictimizar a la mujer poniendo en cuestión su afirmación , obligándola a demonstrar que ha sido violada. Según se aprobó en el congreso, la mujer víctima de violación que desee abortar en las primeras 12 semanas de gestación, deberá denunciarlo y el personal médico que la atienda tendrá que dar vista al Ministerio Público que, tras una indagatoria, decidirá si puede o no acceder al aborto.
Esta modificación en la ley cuestiona la veracidad del relato de las mujeres que denuncian una violación obligándolas a demostrar que han sido violadas con el riesgo de, que si no pueden demostrarlo, podrán ser encarceladas.
Resulta muy preocupante que los legisladores sigan desoyendo los tratados e informes internacionales que afirman que leyes restrictivas y criminalizadoras del aborto no solo no reducen su práctica sino que ponen en peligro la vida y salud de las mujeres. Según el Instituto Guttmacher en América Latina, alrededor del 95% de los abortos realizados son inseguros en países donde esta práctica está criminalizada.
Por el contrario, leyes más permisivas en el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo junto con políticas públicas de planificación familiar y acceso a la anticoncepción, está demostrado que son más eficaces reduciendo la incidencia de la práctica del aborto, además de ser una importante herramienta de prevención del embarazo adolescente.
Según Valeria López Luévanos, representante de Aliadas por el Derecho a Decidir “No nos estamos dejando llevar por el sentido común y lo grave de esto, es que las consecuencias son la muerte de las mujeres en el estado de Coahuila”
