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En México el aborto por violación es legal en todo el país, por lo que cualquier mujer cuyo embarazo haya sido fruto de una violación puede acceder a un aborto legal y seguro.
La NOM-046-SSAS-2005, actualizada posteriormente, garantiza el acceso a la anticoncepción de emergencia, a la interrupción legal del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación y la profilaxis post-exposición (para la prevención de infecciones de transmisión sexual) en caso de violación. Es una Norma Oficial Mexicana, es decir, de rango superior a cualquiera de las leyes de los diferente estados y entidades por lo que es de obligado cumplimiento por las autoridades públicas.
En la ultima actualización de la NOM-046 se eliminó la obligatoriedad de la denuncia previa de la violación para acceder al aborto y se recogió que solo las menores de 12 años necesitan autorización de los progenitores o tutores legales.
La NOM-046 garantiza el derecho de las víctimas de violación a acceder a una aborto legal, sin embargo desde diferentes estados y servicios médicos se niegan a aplicarla obstaculizando el derecho a decidir de las mujeres.
De 2016 a 2019 al menos 422 mujeres en México han solicitado acogerse a esta norma y acceder a un aborto por violación. Los rangos de edad donde se producen más violaciones es el de 15 a 19 años (119 adolescentes), seguido del rango de edad de 11 a 14 años (con 93 casos), el tercer rango más común es el de de 20 a 24 años (82 casos) y por último, los rangos de mujeres de 40 a 44 años (12 casos) y los de de niñas de 10 años (3 casos).
Estas cifras de acceso a la norma son muy bajas si las comparamos con el número de denuncias por violación registradas en México en el mismo periodo (2016-2019), que son de 47 mil 241 denuncias por violación simple y 11 mil 914 por violación equiparada. Lo que refleja la falta de voluntad de las autoridades públicas (políticas y médicas) de garantizar la información y el acceso a este servicio.
Por otro lado, además de los obstáculos de aplicación de la norma existen deficiencias en la propia ley que dificultan también su aplicación, entre ellas el requisito de que el aborto se realice antes de las 12 semanas de gestación. Un plazo que en determinados casos es corto, como en el caso de niñas agredidas sexualmente y que tardan en denunciarlo.
Es importante redoblar los esfuerzos para dar a conocer la norma entre las administraciones públicas y sanitarias que se garantice su cumplimiento en todos los estados ya que abarca la atención, sanción, prevención y de sección de la violencia a las mujeres y niñas.
